LaSTS de 24 de noviembre de 2001, afirma que la acción pública libera a quien la ejerce de la. carga de. acreditar, que se ostenta interés (FJ 3). Para HUERGO LORA, A.: Las pretensiones de condena en el. contencioso-administrativo. Ed. Aranzadi, Pamplona, 2000, p. 209, "la acción popular no es más que la.

Laacción popular en el Derecho Administrativo y en especial, en el Urbanismo La acción popular en el soluta de que el art. 25 implantara una acción pública para impugnar los cho constituido a su favor y lesionado por la resolución administrativa, no habilita. para recurrir de ella en vía contenciosa, porque la acción de este
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ciónclásica de acción pública, con ella nace un supuesto de legitimación objetiva al. servicio de la legalidad. 60; de la acción popular, puede citarse a BUJOSA VADELL: "La acción pública en materia de urbanismo y. patrimonio histórico", ob. cit., p. 520, que la identifica con un instrumento de "tutela meramente.

Lainactividad administrativa podemos definirla, a grandes rasgos, como la pasividad de la Administración en relación a una prestación o actuación concreta que debe de ejecutar. Asimismo, cuando no lleve a cabo o materialice sus propios actos. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LPAC

Estetraballo ten por obxecto reflexionar sobre a necesidade de limitar o exercicio da acción pública no ámbito urbanístico, ao abeiro do convencemento do seu uso mal intencionado, abusivo e case profesional con intereses lucrativos privados afastados do interese xeral, e configurala como a acción popular prevista en materia

Laacción pública de constitucionalidad a debate - Acción pública de inconstitucionalidad - Ley 2166 de 2021, por la cual se deroga - Id. vLex: publica de constitucionalidad, accion publica nulidad, accion publica nulidad formato, accion pùblica inexequibilidad, acción pública en materia de urbanismo, acción pública urbanística,
Antesu falta de acción sólo los particulares pueden promover la restauración efectiva de la legalidad. En este sentido no deja de ser curioso que sean estos los que deban soportar la carga del impulso para promover la efectiva defensa de la legalidad en una materia en que el interés público está tan claramente comprometido.
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    • acción pública en materia de urbanismo